Lo que debía cerrar uno de los capítulos más sangrientos del crimen organizado en México terminó abriendo otro aún más incierto. Cuando el cuerpo de El Mencho fue trasladado a su tierra natal, el gobierno creyó haber contenido cualquier riesgo con un despliegue militar sin precedentes.
Pero en cuestión de minutos, el cementerio se convirtió en campo de batalla y dejó al descubierto las grietas internas del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La decisión de entregar el cadáver a la familia, en particular a su esposa Rosalinda González Valencia, se tomó tras concluir los peritajes forenses.
Algunos funcionarios argumentaron que negarse podría interpretarse como una violación de derechos humanos y, peor aún, convertir al capo en un símbolo para sus seguidores.
El funeral fue autorizado en Aguililla, a plena luz del día, sin procesiones prolongadas y bajo la vigilancia de aproximadamente mil soldados que establecieron un cerco de seguridad.
Sin embargo, las previsiones legales y políticas no anticiparon la tormenta que se gestaba dentro del propio cártel. Miles de personas acudieron al cementerio, movidas por curiosidad, lealtad o miedo.
El cuerpo fue colocado en un ataúd de lujo con cubierta de vidrio transparente, una imagen que parecía buscar una última demostración de poder.
Helicópteros militares sobrevolaban la zona. Vehículos blindados custodiaban los accesos al pueblo. Pero en tierra, los grupos de hombres armados se observaban con desconfianza. No era solo un funeral. Era una cita con el futuro del cártel.
Fuentes de seguridad confirmaron la presencia de al menos tres facciones rivales dentro del CJNG. El grupo leal a la familia, coordinado por Rosalinda González Valencia, contaba con unos 80 hombres armados.
Una facción procedente de Jalisco, integrada por cerca de 60 sicarios, buscaba consolidar su influencia tras los recientes operativos federales.
Un tercer grupo, originario de Michoacán, con alrededor de 50 hombres, intentaba aprovechar la transición para separarse y formar su propia estructura.
La coexistencia de casi 190 hombres armados en un espacio reducido, rodeados de civiles, era una bomba a punto de estallar.
El detonante llegó cuando el ataúd comenzaba a descender a la tumba. Un integrante del grupo de Jalisco lanzó una burla contra la familia, insinuando que no supo proteger a su líder. La discusión escaló en segundos. Se escuchó un disparo al aire. Luego vino la ráfaga.
El cementerio se transformó en una zona de guerra. Sicarios disparando entre lápidas y mausoleos, civiles tirados al suelo intentando cubrir a sus hijos, gritos mezclados con el estruendo de las armas. La escena rompió cualquier límite imaginable para un acto funerario.
El Ejército mexicano intervino para proteger a la población. En medio del caos, algunos hombres armados respondieron contra los soldados para abrirse paso y escapar.
El enfrentamiento dejó un saldo devastador: 47 sicarios muertos y 68 heridos; 12 civiles fallecidos, entre ellos dos menores de edad; 34 personas lesionadas; además de tres militares caídos y nueve heridos.
Entre los muertos figuraba El Doble R, considerado uno de los aspirantes más fuertes para asumir el control del cártel en Guadalajara. Su caída complicó aún más la ya frágil sucesión interna.
El funeral quedó inconcluso. No hubo discursos, ni despedidas solemnes. Finalmente, fueron los propios soldados quienes cubrieron la tumba.
La imagen resultó simbólica: el hombre que construyó su imperio con violencia fue enterrado en medio de la violencia de sus propios aliados.
Analistas en seguridad coinciden en que el episodio confirma una fractura profunda dentro del CJNG. Sin un liderazgo indiscutible, las alianzas basadas en la figura de un solo jefe tienden a desmoronarse.
La ausencia de una sucesión clara abre espacio a disputas armadas que pueden extenderse más allá de Michoacán y Jalisco.
Ese vacío no pasará desapercibido para organizaciones rivales como el Cártel de Sinaloa o Los Zetas, que podrían intentar expandir su influencia en territorios disputados.
Una estructura debilitada reduce la capacidad operativa del cártel y aumenta el riesgo de nuevas confrontaciones.
Para el gobierno mexicano, el episodio plantea interrogantes inevitables. ¿Fue correcta la decisión de entregar el cuerpo? ¿Se subestimó el nivel de tensión interna? ¿Está el Estado preparado para contener una posible ola de violencia derivada de la fragmentación del CJNG?
Mientras tanto, en Aguililla, la comunidad quedó marcada por una jornada que convirtió un sepelio en masacre.
Las nuevas tumbas no solo guardan a un capo, sino también a víctimas civiles que nada tenían que ver con la disputa criminal.
La era de El Mencho terminó entre disparos. Pero lejos de cerrar la historia, el funeral interrumpido parece haber inaugurado una etapa aún más incierta para México.
Cuando los propios miembros de una organización se enfrentan con armas largas en pleno cementerio, el mensaje es claro: la guerra interna apenas comienza.